
En esa vida difícil, maltratando su propio espíritu, un emigrante cualquiera volvió un día a España para pasar los últimos años de su vida en paz. Una tranquilidad que se ha ganado y por caprichos del destino, ahora también le quieren quitar. Y es que, resulta que no es fácil para un emigrante sentirse cómodo en su país, porque el Estado le trata como a un estafador cualquiera. Un vulgar defraudador.
Lógicamente hablo de los emigrantes del siglo pasado. Los que hoy viven, consumen e invierten las pensiones ganadas con tanto esfuerzo en el extranjero en nuestro país. Los que ayudan a que sus hijos y nietos, acorralados por el desempleo, salgan adelante. Esos que han ayudado con las divisas que mandaban desde el extranjero a levantar el país que hoy conocemos.
Desde que comencé a colaborar con la Asociación Jiennense de Emigrantes Retornados (AJIER), conocí a muchas de estas personas. Gente, que una vez pasados tantos momentos difíciles, merecían la tranquilidad que les llegó con la jubilación. La merecían y este Gobierno amenaza con quitársela.
En AJIER, hemos trabajado día a día para que este colectivo sea dignificado como se merece, por ejemplo reclamando que denominen calles de nuestros pueblos en su nombre, hemos facilitado la integración de los emigrantes tras la nueva emigración que supone retornar al país de origen después de tantos años. Hemos peleado que cada euro que le pertenezca a un emigrante le sea entregado. Ahora debemos transmitir a la sociedad la tremenda injusticia que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está planeando contra ellos.
En AJIER, hemos trabajado día a día para que este colectivo sea dignificado como se merece, por ejemplo reclamando que denominen calles de nuestros pueblos en su nombre, hemos facilitado la integración de los emigrantes tras la nueva emigración que supone retornar al país de origen después de tantos años. Hemos peleado que cada euro que le pertenezca a un emigrante le sea entregado. Ahora debemos transmitir a la sociedad la tremenda injusticia que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está planeando contra ellos.
El mismo ministro que no hace mucho, proclamaba una amnistía fiscal para los verdaderos defraudadores, tiene intención de reclamar a los emigrantes la declaración de ingresos del extranjero, desde 2008 (último ejercicio no prescrito) con sus correspondiente penalización por hacerlo fuera de plazo, y una sustancial multa, cual delincuente común, que en el caso de emigrantes fallecidos heredan sus familiares. Lo hace, aún sabiendo, que desde la propia administración tributaria, se les decía que estaban exentos de declarar las pensiones procedentes del extranjero. Lo hace porque ha visto un filón recaudatorio en estas personas, con medidas tan injustas, como la obligatoriedad de declarar las pensiones superiores a 11.000 € en los casos de dos pagadores (algo normal en este colectivo que suele cobrar una pequeña pensión del país al que emigró por las cotizaciones que realizó mientras trabajó allí y otra pequeña pensión por las cotizaciones realizadas en España) mientras en los casos de un solo pagador, la obligatoriedad se establece a los 18.000 €.
Los emigrantes, en su mayor parte, son personas que vienen de países donde la picaresca española no se aplica. Son personas preocupadas por sus obligaciones tributarias, que por simple ignorancia y confianza en sus asesores fiscales y en el propio personal de la administración, no han declarado algo que, es cierto, debían declarar. Este colectivo no se opone a declarar esas pensiones y en los casos que tengan que pagar, hacerlo. Lo que es intolerable, es que para los grandes defraudadores se promulguen leyes que les eximan de sus culpas, mientras que estas valientes personas, que durante tanto tiempo y desde tan lejos, ayudaron y ayudan con las divisas que les llegan y el apoyo que prestan a sus familias, a sostener la difícil situación de este país, sean tratadas como delincuentes financieros, haciéndoles pagar recargos y multas de algo que ni conocían, y a pesar de preocuparse por ello, nadie les informó.
En AJIER, nos llegan casos tan disparatados, como personas que cobran menos de cien euros mensuales, que con este decreto adeudan a la Agencia Tributaria miles de euros. Dinero que no tienen, por lo que sus bienes podrían ser embargados, o con el que contribuyen a sostener la economía de sus familias.
Las diversas manifestaciones, los manifiestos y los diversos comunicados que la Federación de Asociaciones de Emigrantes Retornados Española ha enviado al Gobierno y al resto de partidos políticos, no han servido de nada, y a nosotros, desde nuestra asociación solo nos queda levantar la voz y exigir que estas personas no sean sancionados por este motivo, más si cabe conociendo la forma con la que se ha actuado con los verdaderos defraudadores. Porque los emigrantes retornados no son estafadores, solo son valientes.

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