Nunca creí beneficiosa la tradicional composición parlamentaria, que gracias a un sistema electoral injusto y una sociedad demasiado obcecada en la dicotomía izquierda-derecha, se venía dando en el Congreso de los Diputados durante casi cuarenta años. Dos partidos nacionales alternándose el poder en connivencia a veces con partidos independentistas, suele traer aparejados cambios legislativos volátiles según la ideología gobernante y concesiones hacía determinados territorios no siempre positivas para la totalidad de la población. Por ese motivo, la fragmentación política resultante de las últimas elecciones nacionales, resultaba cuanto menos esperanzadora.
Quitar poder a los nacionalismos, que solo negocian en aspectos que afectan a toda la sociedad española con objetivos y fines territoriales y legislar en base a acuerdos con varios partidos nacionales, podía ser la base necesaria para conseguir una estabilidad jurídica alejada del cortoplacismo imperante en nuestra política. Pero hasta el momento, esa fragmentación política en el Congreso de los Diputados no es operativa. Los nuevos partidos, se parecen demasiado a los viejos y en vez de practicar políticas de pacto se dedican a la confrontación sistemática. Esa confrontación explica por ejemplo, como la controvertida "Ley Mordaza" aprobada únicamente aplicando una mayoría absoluta del PP en 2015, aún no ha sido rectificada al menos en sus puntos más escabrosos. Apoyándose en ese ley, la justicia ha emprendido un camino peligroso, con sentencias y resoluciones judiciales más propias de países que no respetan la libertad de expresión.
