Es fácil llegar a Madrid desde cualquier punto de España. Las carreteras principales salen y vuelven hasta la misma Puerta del Sol y la red ferroviaria de este país se ha diseñado para que todos los ciudadanos independientemente de donde vivamos tengamos un tren cerca que nos acerque a Madrid en un tiempo aceptable…bueno, que alguien que vive en Jaén diga eso, es más acto de fe que otra cosa porque tus cinco horitas no te las quita nadie, y eso si no se avería el tren. Aunque esto es otro tema. Todo gira en torno a Madrid, pero Madrid, sede del GOBIERNO CENTRAL, se dedica a transferir competencias a las Comunidades Autónomas, tal y como manda la ley, los Estatutos de Autonomía y hasta la propia Constitución. Tampoco me meteré ahora en eso como si uno supiera de leyes. El traspaso de competencias está muy bien, pero la dejación de ellas no es tan bueno.
El artículo 68.5 y especialmente el artículo 42 de la Constitución Española nos hablan de la importancia de la emigración y el retorno en España, pero concretamente el artículo 149 otorga al Estado y en su nombre al gobierno central competencias exclusivas en materia de emigración y retorno.
Pues bien, desde 2008 diferentes
gobiernos, de diferentes partidos y con diferentes personas en las diferentes
Secretarías o Direcciones adscritas a diferentes Ministerios han obviado el
fenómeno del retorno sistemáticamente y su problemática.
Desde 2008 se han desentendido totalmente del colectivo no solo sin prestar apoyo directo a sus múltiples problemas, sino que además sin colaborar en el mantenimiento de entidades asociativas que les prestamos apoyo. Es más, entre tanto le han saqueado sus ahorros con una regularización fiscal salvaje llevada a cabo en los años 2015 y 2016.
De nada importa que sea su obligación competencial, de nada importa el cuantioso número que forman, de nada importa que por carecer de recursos, de medios o de ganas, el INSS, la AEAT o las Subdelegaciones del Gobierno (todos organismos dependientes del gobierno central) nos deriven a personas a diario a las entidades de emigrantes y retornados para que seamos nosotras las que atendamos, ayudemos y gestionemos sus trámites diarios con las administraciones extranjeras. De nada importa que la colaboración que llega desde el Gobierno central sea 0 y que mientras, nuestras entidades absorban todo ese trabajo con unos recursos ínfimos, sustentados por la colaboración altruista de nuestros socios y voluntarios. De nada importa; el Gobierno central sigue desaparecido ante un colectivo que es directamente su competencia.
Mientras tanto las Comunidades Autónomas, cuyas competencias más allá de sus territorios se adscribían a la noble labor de mantener los vínculos culturales de la tierra con sus ciudadanos emigrados, han recogido el guante –algunas- y con mayor o menor fortuna están dedicando recursos para favorecer el retorno y prestar servicio a los retornados. El problema, como imaginarán, es que el libre albedrío suele provocar no pocas desigualdades.
Algunas CCAA, más sensibilizadas con el colectivo de retornados por las razones que sean, se han atrevido a desmarcarse del resto prestando una atención directa al mismo, como por ejemplo Galicia, o indirecta financiando el mantenimiento de asociaciones y federaciones autonómicas especializadas que atienden al colectivo. Tal es el caso de la propia Galicia, Andalucía, Canarias, Asturias o Castilla y León. Intentos dignos de elogio, pero que lamentablemente se siguen quedando escasos.
El resto –algunas-, incluidas las mencionadas anteriormente, se han subido al carro de las modas pasajeras y al abrigo del fenómeno que podemos llamar “Españoles por el mundo” se han dedicado a realizar programas del retorno del talento joven. Algo tan subjetivo, como las palabras talento y joven marcan la agenda de las CCAA en materia de retorno. Y es que el citado programa de televisión ha ayudado a proyectar una imagen muy distorsionada de nuestros emigrados. Eso en las asociaciones de emigrantes retornados lo sabemos bien, ya que la inmensa mayoría de nuestros usuarios no han dejado grandes trabajos en el extranjero para regresar a España.
Tampoco ayuda que un gran porcentaje de emigrantes españoles no se registren en los diferentes consulados (véase el caso del registro creado en Reino Unido para contabilizar a los extranjeros asentados en aquel país tras el Brexit para otorgarles el llamado pre-settled status, donde aparecieron el doble de los españoles registrados en los consulados) que por su parte están dejados también de la mano de Dios por el Gobierno central, infrafinanciados y con una evidente falta de recursos humanos.
Pero lo cierto, es que es evidente que las estadísticas oficiales que se manejan son incorrectas. No. Aunque lógicamente los hay, la inmensa mayoría de nuestros emigrados no son trabajadores jóvenes altamente cualificados.
Sin embargo, el retorno del “talento joven” se ha convertido en la piedra angular donde giran todos los esfuerzos de las CCAA en materia de retorno. Y como es lógico, cada CCAA entiende la palabra talento y la palabra joven como le viene en gana.
En este contexto, se pueden dar situaciones tan paradójicas como la que sigue.
Emigrante en Francia, nacido en Castilla- La Mancha, con residencia efectiva desde hace 20 años en Andalucía, aunque su residencia inmediatamente anterior a la migración radicaba en la Comunidad de Madrid. Imaginando que se cumplen todos los requisitos adicionales y las condiciones para ser considerado joven y talentoso en todas esas CCAA, que eso habría que verlo una por una, este emigrante se podría acoger a tres planes de retorno diferentes. No me he ido muy lejos…es mi caso. Sin embargo, si mi nacimiento y residencia hubiera estado en la Región de Murcia o Cantabria, no podría acogerme a ningún Plan de Retorno, al carecer estas del mismo.
Independientemente, pasados, actuales o futuros, los Planes de Retorno del Talento implementados o por implementar de las CCAA están abocados a la irrelevancia. El retorno de aquello que dicen “talento” solo se puede gestionar desde el Gobierno central, ya que requiere de políticas transversales donde entran en juego las infraestructuras, el mercado de trabajo nacional, legislación laboral, aspectos socioculturales…etc. Todo lo demás, dará algunos resultados individuales positivos pero muy por debajo de la inversión colectiva.
Mientras tanto, miles de retornados en España siguen olvidados en Madrid y Madrid, a través de sus agencias provinciales (SEPE, INSS, AEAT…etc) los derivará a las asociaciones, para que las asociaciones escuálidas en financiación los atienda, los guíe y los proteja ante administraciones extranjeras para simplemente acceder a sus derechos. Y esto en el mejor de los casos, porque sin una asociación cerca el único recurso es la empresa privada, con sus abusivos honorarios y poca especialización en el tema.
En Jaén, aún podemos respirar. La Junta de Andalucía, algunos ayuntamientos de la provincia y la propia Diputación siguen colaborando para mantener este servicio activo. Pero aún así, ante el aumento de la carga de trabajo, la única opción para nuestra existencia es que aparezca Madrid.
En tanto y cuanto, desde lo público no se preste este servicio, cientos de miles de emigrantes retornados en España, necesitan para acceder correctamente a sus derechos en el extranjero de una entidad especializada, que no represente un gasto adicional a sus pequeñas pensiones. En caso contrario, los derechos generados en el extranjero corren el riesgo de no ser correctamente reconocidos, empobreciendo aún más al colectivo.
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